Dentro de solo seis semanas y dos días, los piuranos acudiremos nuevamente a las urnas para elegir a nuestros alcaldes y regidores, así como a nuestras autoridades regionales para el periodo 2023 – 2026. Es decir, nuevamente la pelota está en la cancha de los ciudadanos de quienes depende mejorar o empeorar la administración de la provincia, distrito o región a las que pertenecemos, luego de tener -salvo pocas excepciones- gestiones ciertamente desastrosas.

De sobra sabemos los piuranos que especialmente en estos últimos años, no solo en pandemia, algunas autoridades y sus funcionarios, simplemente se dedicaron engordar la burocracia estatal contratando a sus recomendados, a pagar favores políticos y a cubrir deudas de campaña, olvidándose de buscar el bienestar de los ciudadanos.

Se equivocan quienes creen que esta cultura “roba pero hace obra… miente que algo queda” no tiene solución. Sí la hay y los siguientes 46 días son la gran oportunidad para que los electores, “el pueblo” tan golpeado y defraudado, haga de filtro para que no accedan a la administración pública quienes insisten en convertir la política en negocio; sancionándolos no solo en las urnas sino mediante acciones de vigilancia y fiscalización durante todos sus años de gestión.

Por ello, lo primero que se debe hacer es informarse sobre lo básico, conocer por ejemplo cuáles son las funciones de un alcalde, regidores, gobernador, consejeros regionales, directores regionales, gerentes, etc. para evitar que en los discursos o debates con candidatos, estos nos sorprendan prometiendo obras o acciones que no son de su competencia.

Los piuranos nos habríamos librado de funcionarios investigados o procesados por mal uso de recursos, muchas obras no estarían postergadas o paralizadas, y no estaríamos entre las regiones con más altos índices de corrupción, si en elecciones pasadas, nos hubiéramos tomado la molestia de revisar con detenimiento las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos y sus equipos de trabajo.

Otra manera que tienen los ciudadanos de ayudar a separar la paja del trigo en lo que resta de la campaña es fiscalizar que las autoridades, funcionarios y servidores públicos no usen los recursos del Estado con fines proselitistas.

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