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Negocios piden no gravar insumos que harían aún más inviable la preparación de alimentos y bebidas.

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Los pequeños negocios de comidas, que promueven familias para subsistir serán los primeros golpeados por un eventual impuesto a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas, propuesto por el Gobierno en su proyecto de reforma tributaria. Así lo señaló Acodrés, el gremio de los restaurantes, al advertir que “afecta a miles de familias en Colombia que derivan su sustento de preparaciones como la salchipapa, que es la más vendida en el país y en estratos populares. (Lea también: Tributaria de Petro: los bienes de la canasta familiar que se afectarían)

“A su lado, se destacan helados, obleas y platos basados en azúcar y ultracongelados, por ser accesibles y de fácil y rápida preparación”, comentó el presidente ejecutivo nacional de Acodrés, Guillermo Henrique Gómez París. “Llevamos dieciséis meses denunciado el impacto de la inflación de los alimentos en nuestra actividad, profundamente golpeada por la pandemia, en el entendido que restaurantes, cafeterías, panaderías, pastelerías y heladerías del país también hacemos mercado”, dijo. (Le puede interesar, además: Mayor desempleo, lo que esperan los gremios con recargo nocturno desde 6 p. m.) Además, el incremento en servicios públicos y arrendamientos presionan de manera constante los costos de operación, limitando seriamente nuestra recuperación, en especial del empleo, rubro que nos hace el principal generador de oportunidades para mujeres y jóvenes del país. Al exponer su punto de vista, el gremio de los restaurantes pidió que en el marco del debate de la Reforma, “la Comisión Tercera tenga en cuenta la inclusión en la ponencia, como una herramienta tributaria de competitividad nos ayude a contener la inflación, a mejorar el recaudo y a proteger a la gastronomía como un sector de economía popular por excelencia”. Además, pide no gravar insumos que harían aun más inviable la preparación de alimentos y bebidas como medio de subsistencia, en línea con el propósito de luchar contra el hambre.

Por su parte, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, el gremio que reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas del plástico, consideró que “esta decisión va en contravía de las mismas metas del gobierno nacional de erradicar el hambre, puesto que el impuesto recaerá sobre los productos empacados, es decir, sobre leche, queso, carnes, pollo, pan, galletas, frijoles, lentejas, cereales, aceites, harinas, café, sal, azúcar, panela, también las bebidas y los productos de aseo y limpieza, entre muchos más". Según cifras del gremio, del total de la producción de empaques utilizados en Colombia, 22 por ciento se destina a alimentos, 17 por ciento a bebidas, 29 por ciento a productos de aseo, limpieza, cosméticos, químicos y abonos, 23 por ciento a comercio, restaurantes y hoteles, y 9 por ciento a otros sectores. Mitchell dice que, por cálculos preliminares, “el valor del impuesto equivale a una tasa de alrededor del 16 por ciento de la envoltura. Hay que tener en cuenta que el empaque plástico representa, en promedio, cerca del 5 por ciento del valor del producto, con algunos casos que pueden llegar hasta el 19 por ciento. (Continúe leyendo: ‘Hay dudas, pero quizás el nuevo gobierno cambie lo prometido’) En la mayoría de los casos, no existen empaques sustitutos en otros materiales y, si los hay, tienen precios 2 o 3 veces más altos. El impuesto, en consecuencia, se traducirá en un incremento en los precios de los productos de la canasta básica, lo cual es especialmente grave en la coyuntura inflacionaria actual”. Para el dirigente, se gravan los empaques y envases de plástico, sin evaluar si el impacto ambiental es menor. Acoplásticos invita al Gobierno y al Congreso a revisar la pertinencia de la propuesta del impuesto a los empaques y envases plásticos, especialmente por el impacto que representaría en los precios de alimentos, bebidas y productos de limpieza y aseo, además de las consecuencias sobre la industria nacional, en particular el sector plástico que genera alrededor de 220.000 puestos de trabajo directos.

Las pequeñas y medianas empresas dijeron desde Acopi que algunas propuestas de la reforma atiende principios de progresividad y equidad, pero insistió en su pedido de que el sector acceda a normas diferenciales que permitan su fortalecimiento. Primero, dijo, “en cuanto al Impuesto de Renta, solicitamos que las MiPymes cuenten con una tarifa diferencial de la siguiente manera: microempresas y pequeñas empresas: 20 por ciento; medianas empresas: 25 por ciento”. Igualmente, expuso que “teniendo en cuenta que el valor de los ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios no podrán exceder el 3 por ciento anual de la renta líquida ordinaria del contribuyente, sugerimos se mantenga el descuento del 50 por ciento del impuesto pagado por ICA solo para las MiPymes”. En otro punto solicita el Impuesto al Patrimonio no sea permanente sino temporal para no desanimar la inversión extranjera. Portafolio Constanza Gómez Guasca

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